La legitimidad de las decisiones de los gobernantes de un Estado proviene en la imposición de sus decisiones al llamado “Monopolio legitimo de la violencia”.
Esto es que el poder de la ley se impone mediante este uso de la fuerza que a la vez institucionalizada tiene el nombre de Policía.
Ante la falta de presupuesto el poder político otorga ciertas concesiones (no legales) para su manutención.
Lamentablemente la corrupción de las fuerzas de seguridad esta concesionado y salvo algún delito grave o que se mediatice, estas acciones quedan impunes.
Mejorar la estructura de la fuerza. Someterla a las decisiones del poder político y que solo actúen en caso de prevención sería la mejor forma de brindar seguridad a la sociedad.
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